Traducción jurídica: Sistemas legales, documentación y el papel de la IA

Un documento jurídico no es solo un texto. Es una fuente de derechos, obligaciones, facultades, responsabilidades o efectos. De hecho, el sentido jurídico de una palabra no se agota en su definición. Puede adoptar diferentes significados según el tipo de documento, la institución que la utilice, el marco normativo o la doctrina que la interprete. 

De forma complementaria, cada concepto legal está culturalmente marcado y vinculado a su propio sistema jurídico. Por ello, cuando este cruza de una lengua a otra, no se desplaza únicamente un significado, se desplaza una parte del ordenamiento que lo sostiene.

Aquí entra en juego la traducción jurídica. 

Traducir el Derecho 

Traducir el derecho no consiste en trasladar palabras entre lenguas. Implica interpretar una realidad jurídica concebida en el marco de un sistema determinado y hacerla comprensible en otro, sin desvirtuar su naturaleza, su función ni sus efectos. 

Es aquí donde reside una de las grandes dificultades de esta especialidad. Entre dos ordenamientos podemos encontrar:

• conceptos que coinciden parcialmente;
• instituciones que se aproximan, pero no son equivalentes;
• términos sin correspondencia directa;
• figuras que parecen equivalentes, pero producen efectos distintos.

Por eso, traducir Derecho exige mucho más que encontrar «la palabra correcta». Requiere comparar, documentarse, interpretar y tomar decisiones.

Juristas y traductores jurídicos: dos formas similares de trabajar con el Derecho

La labor del traductor jurídico guarda un claro paralelismo con la del jurista: 

• El jurista se documenta. Consulta normativa, jurisprudencia, doctrina, documentos del expediente, etc. para resolver un caso y fundamentar una estrategia jurídica. El traductor jurídico también se documenta, pero debe hacerlo en el sistema de origen y en el sistema de llegada, para comprender el concepto en contexto y decidir cómo trasladarlo a la lengua meta.
• El jurista interpreta. No se queda en el significado literal de una palabra, sino que analiza su función dentro del documento, del procedimiento o del contexto jurídico. El traductor jurídico también interpreta, y además en ambas direcciones. Debe interpretar la realidad jurídica que contiene el texto antes de formularla en otra lengua y otra realidad jurídica distinta. 
• El jurista compara. Contrasta normas, criterios, precedentes, posiciones doctrinales o posibles estrategias. El traductor jurídico compara sistemas, instituciones y contextos jurídicos para determinar si existe equivalencia, si esta es parcial o si conviene explicitar las diferencias.
• El jurista decide. Elige una estrategia, una interpretación, un argumento o una vía de actuación. De igual modo, el traductor jurídico toma decisiones a la hora de seleccionar el equivalente funcional, si conserva un término o no en su lengua origen, si añade una explicación, reformula o evita una palabra que podría inducir a error en la lengua de llegada.

Como podemos comprobar, ambos siguen una lógica parecida, aunque con una dificultad adicional para el segundo: el traductor trabaja entre dos sistemas jurídicos.

¿Qué realidad jurídica hay detrás de este término?

A la hora de realizar una traducción de un texto jurídico, la primera pregunta que nos planteamos no será ‘¿cómo se dice esto en la otra lengua?’, sino ‘¿qué realidad jurídica hay detrás de este término?’.

Para responderla correctamente, el punto de partida nos lleva a documentarnos, a investigar y buscar información precisa que nos ayude a entender qué papel desempeña ese concepto dentro de su propio sistema.

En este proceso, el traductor analiza varios elementos: 

– cuál es su significado jurídico;

– qué función cumple;

– qué efectos produce;

– qué autoridad interviene;

– qué valor jurídico presenta.

Todo ello en dos direcciones: en el sistema jurídico de origen, para comprender e interpretar la información correctamente; y en el sistema de llegada, para comprobar si existe una figura funcionalmente próxima o no. 

Pensemos, por ejemplo, en inglés, en el concepto de notary public. No es posible traducirlo siempre como notario, puesto que en algunos sistemas anglosajones no cumple las mismas funciones que el notario en los sistemas de Derecho civil. Por consiguiente, la labor documental previa del traductor es clave para no incurrir en una imprecisión terminológica que pueda conllevar consecuencias jurídicas relevantes. 

Algo similar ocurre en francés, por ejemplo, con el término acte authentique. Una traducción literal carecería de sentido en español, ni tampoco correspondería con su significado. Se trata de un documento legal certificado por una autoridad pública competente que garantiza su veracidad. Además, en función del contexto, el concepto podría corresponder a una escritura pública, acto notarial o documento público. De nuevo, comprobamos que el conocimiento previo de ambas realidades jurídicas por parte del traductor se convierte en condición necesaria para garantizar la decisión final idónea en cada caso. 

¿Cómo resolver estas cuestiones? Para ello, el traductor consulta fuentes como:

• normativa aplicable en el sistema de origen y en el sistema de llegada;
• jurisprudencia relevante, cuando el concepto depende de su interpretación judicial;
• doctrina jurídica y estudios de Derecho comparado;
• documentos legales paralelos en ambos idiomas;
• bases terminológicas fiables y recursos institucionales.

Este material ayuda a medir el grado de correspondencia entre sistemas, distinguir equivalencias plenas, parciales o funcionales, y decidir cuándo la traducción debe incorporar una explicación para conservar la precisión jurídica.

La IA como apoyo a la documentación jurídica

El proceso de documentación es, en cierto modo, el terreno sobre el que se construye la traducción jurídica. Si ese terreno no se cultiva de forma adecuada la traducción podría sonar «aparentemente» correcta, pero apoyarse en una equivalencia imprecisa. Por este motivo, en muchos encargos de traducción, documentarse puede llevar incluso más tiempo que traducir.

En este punto, la Inteligencia Artificial puede convertirse en un recurso especialmente valioso. Bien utilizada, puede ayudar a que la fase documental sea más efectiva y más completa. 

Ahora bien, no cualquier tecnología basada en IA sirve. Una herramienta generalista puede ofrecer una respuesta aparentemente convincente, pero jurídica y documentalmente imprecisa. El potencial en este proceso dependerá de su especialización, su capacidad para trabajar con fuentes fiables y vigentes y realizar tareas propias de análisis jurídico.

Una plataforma como Maite.ia puede convertirse en una aliada valiosa para el traductor, para aquellos encargos de traducción que requieran documentarse sobre el Derecho español. Está diseñada para trabajar con material jurídico actualizado y fiable, procedente tanto del BOE como jurisprudencia de órganos judiciales españoles, consultas vinculantes y documentos legales de diversa índole. Además, ofrece la posibilidad de resumir información relevante y optimizar el trabajo documental.

Contar con un recurso de estas características puede marcar una diferencia en la forma en la que acometemos nuestra traducción jurídica. Sin olvidar que la decisión final sigue quedando en manos del traductor, que será quien continue aportando el valor decisivo, la interpretación comparada y el criterio experto.